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blog de OquedoFormas simples de ahorrar combustible - PARTE I
Formas de economizar combustible
Formas de ahorrar dinero a la hora de pasar a comprar combustible
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Biocombustibles: ¿oportunidad o amenaza?
Los planes de la UE para incrementar el uso de biocombustibles, podrían tener consecuencias muy negativas para algunos de los países más pobres del planeta según ha advertido hoy Oxfam Internacional. Las propuestas de la UE obligarán a que el 10% de los carburantes para el transporte de vehículos de los países de la Unión provengan de biocombustibles en 2020. Para ser capaces de cumplir con este sustancial incremento de la demanda, que multiplicaría por diez el consumo actual, la UE tendrá que importar biocombustibles realizados con cultivos como la caña de azúcar y el aceite de palma de países en vías de desarrollo. Pero las prisas de grandes compañías y gobiernos como el de Indonesia, Colombia, Brasil, Tanzania y Malasia por conseguir un trozo de la tarta comunitaria de biocombustibles amenaza con desplazar a poblaciones pobres de sus tierras, destruir sus modos de vida, incrementa el riesgo de explotación de trabajadores y pone en duda la capacidad de estas poblaciones de producir o tener acceso a alimentos. “En la escalada por suministrar a la UE y al resto del mundo biocombustibles, la gente pobre está siendo pisoteada. Las propuestas de la UE, tal como están, agravarán el problema. Es inaceptable que la gente pobre en los países en desarrollo deban pagar el coste de los intentos dudosos para reducir las emisiones en Europa”, ha declarado Robert Bailey, de Oxfam Internacional. Los biocombustibles deben, en primer lugar, contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo, Bailey señala “hablemos claramente, los biocombustibles no son la panacea. Incluso si la UE es capaz de alcanzar el objetivo del 10% de manera sostenible, y dudamos de que pueda, esto sólo recortará un pequeño porcentaje de emisiones de carbono de un crecimiento total continuado.” Pero además, su uso debería ayudar a la reducción de la pobreza, creando puestos de trabajo y mercados para los pequeños productores, y suministrando energía renovable barata para uso local, como algunas iniciativas en brasil están logrando. Sin embargo las enormes plantaciones que están surgiendo para suministrar energía a la UE suponen más amenazas que oportunidades para los países pobres. El problema empeorará a medida que la pelea por el suministro se intensifique a no ser que la UE introduzca salvaguardas para proteger los derechos sobre la tierra, los modos de vida, los derechos laborales y la seguridad alimentaria. Los estados miembros de la UE han acordado que este objetivo del 10% tiene que ser alcanzado de manera sostenible, pero Oxfam Internacional alerta de que las propuestas actuales no incluyen criterios sobre el impacto social o humano. “La UE estableció su objetivo de biocombustibles sin tener con cuenta el impacto en la gente y en el medio ambiente. La UE debe incluir salvaguardas para garantizar que se protegen los derechos y los modos de vida de la gente en los países productores. Sin estas salvaguardas debería descartarse el 10% de incremento en el uso de biocombustibles y la UE debería revisararlo” añade Bailey. Algunos informes publicados muestran que 5,6 millones de kilómetros cuadrados de tierra –un área que corresponde a diez veces la superficie de Francia- podría utilizarse para la producción de biocombustibles dentro de 20 años en India, Brasil, Sudáfrica e Indonesia. La ONU estima que 60 millones de personas en todo el mundo se enfrentan a la posibilidad de ser expulsados de su tierra para convertirla en plantaciones de biocombustibles. Muchos acaban en suburbios a la búsqueda de trabajo, otros en las mismas plantaciones que los han desplazado con salarios muy bajos, condiciones miserables y sin derechos laborales. Se discrimina por sistema a las mujeres trabajadoras y a menudo se les paga menos que a los hombres. En Indonesia, casi una tercera parte del aceite de palma es producido por pequeños productores, la mayoría de los cuales perdieron sus tierras por el avance de las plantaciones y fueron “compensados” con un terreno de dos hectáreas. Estos pequeños productores están atados a las compañías productoras de aceite de palma, que les proporcionan crédito, y están obligados a venderles a ellos su producción, lo que significa que no consiguen por el aceite el mejor precio. Abet Nego Tarigan, director adjunto de Sawit Watch, que representa a comunidades agrícolas y a trabajadores de plantaciones afectadas por el desarrollo del aceite de palma en Indonesia dijo: Noticia original de Oxfam International. Si desea opinar o discutir sobre esta noticia vaya a nuestros foros haciedo click AQUÍ.
¿Recuerdan al Dr. Patch Adams? Aquí una entrevista con Edgar Silva para Buen Día.¿Quiere discutir y opinar sobre este artículo? Haga CLICK AQUI para ir al tema en nuestro foro.
El diputado José Merino advierte sobre el recuso hídrico en Costa RicaDiputado José Merino del Río
EL GOBIERNO PRETENDE ELIMINAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA Después de dos años de espera, finalmente el Gobierno presentó en un acto cerrado al público su propuesta de 'texto sustitutivo' para el proyecto de Ley de Recurso Hídrico. Hoy confirmamos las razones de ese atraso. El texto presentado por el Poder Ejecutivo no es ni la sombra del proyecto original. Es un proyecto totalmente nuevo. Mientras que el primero buscaba permitirle a Costa Rica 'realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las futuras generaciones' ; la propuesta del Gobierno traiciona y contradice por completo estos principios. Es un proyecto orientado a promover la privatización y la mercantilizació n del agua y los servicios públicos de acueductos y alcantarillados, así como a favorecer los intereses de las grandes corporaciones y megaproyectos que hoy explotan irracionalmente este recurso, en perjuicio de los derechos humanos de las comunidades locales. En suma, un proyecto de ley totalmente a tono con el TLC. Algunos de los cambios más preocupantes que introduce el proyecto presentado por el Gobierno son los siguientes: 1. Elimina por completo el reconocimiento del acceso al agua en condiciones adecuadas de calidad y cantidad como un derecho humano fundamental. El texto original incorporaba un reconocimiento expreso de este derecho, que desaparece de la propuesta del Gobierno. 2. Promueve la privatización de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados. El texto anterior incorporaba una norma expresa que decía que únicamente se otorgarán concesiones para la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento al AYA, las municipalidades y las ASADAS. Esta norma también fue eliminada y en su lugar establece que estas concesiones podrán otorgarse a cualquier persona pública o privada. 3. Elimina los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso y conservación del agua. El proyecto dictaminado en 2005 creaba consejos de cuenca con participación directa de las comunidades locales. Estos consejos tenían funciones sustantivas e incidencia directa en decisiones trascendentales como la definición de los usos prioritarios del agua y la distribución de los recursos provenientes de los cánones. Además, se establecían mecanismos de consulta popular directa a la población, transparencia y rendición de cuentas. Todas estas normas se eliminan en la propuesta del Gobierno. En su lugar, los consejos de cuenca quedan reducidos a órganos meramente decorativos, que solo tendrán funciones 'consultivas' y de 'asesoría'. Es decir, más burocracia sin participación real de la gente. 4. Desprotege los humedales del país, derogando de forma subrepticia el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente que dice: 'Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas. ' La derogatoria de esta norma no formaba parte del proyecto original. Es evidente que su introducción a última hora busca favorecer los intereses de las trasnacionales que intentan construir megaproyectos turísticos y de marinas, destruyendo estos frágiles ecosistemas. 5. Debilita las normas para la protección de las áreas de recarga acuífera. Con la propuesta presentada por el Gobierno solo se protegerán las áreas de recarga acuífera que sean calificadas como 'vulnerables' por el Poder Ejecutivo. Es decir, a diferencia de lo que dice la Ley Forestal vigente, habrá que esperar a que un área de recarga acuífera se encuentre en condición de vulnerabilidad para poder asignarle protección, independientemente de su valor e importancia. Además, se eliminan una serie de medidas dirigidas a la protección de estas áreas que se encontraban contenidas en el proyecto original como la obligación de reposición de la cobertura boscosa en las zonas de protección o la definición de actividades prohibidas (gasolineras o proyectos de minería, por ejemplo) que no pueden realizarse en áreas de recarga acuífera debidamente declaradas. 6. Privatiza el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA. Esta dependencia cuenta con personal técnico especializado en materia de aguas subterráneas. El proyecto original trasladaba sus recursos y personal al MINAE para fortalecer su capacidad técnica como autoridad rectora del Estado, encargada de velar por la protección de todas las aguas del país. El proyecto del Gobierno priva de estos valiosos recursos al órgano técnico del MINAE encargado de la gestión del recurso hídrico. En su lugar, pretende trasladar el personal y recursos públicos del Departamento de Aguas Subterráneas a una sociedad anónima denominada 'Centro de Investigación Costarricense para la Tecnología del Agua'. Esta nueva 'empresa' se regirá por la legislación comercial privada, podrá dedicarse a la venta de servicios a empresas privadas e incluso nada impide que parte de sus acciones y activos sean transferidos al sector privado. 7. Reestablece las concesiones para nuevos proyectos de cogeneración eléctrica privada al amparo de la Ley Nº 7200, sin considerar los negativos impactos ambientales, sociales y económicos de esta nefasta ley. De esta forma el Gobierno se burla una vez más del pueblo de Costa Rica, pues pretende echar a la basura una propuesta de ley que probablemente ha sido la más consultada y consensuada en la historia del Parlamento costarricense. En efecto, el texto de la Ley de Recurso Hídrico dictaminado en 2005 fue definido a través de un amplio proceso inédito hasta la fecha en nuestra democracia, donde participaron las más diversas organizaciones sociales y se realizaron foros regionales de consulta a las comunidades. También denunciamos que el bloqueo impuesto por el Gobierno a la nueva Ley de Recurso Hídrico era una consecuencia adelantada del TLC, que aún sin ser aprobado, ya empezaba a aplicarse en el país. Esto último, sencillamente porque una ley que pretenda reconocer el acceso al agua para toda la población como un derecho humano resulta totalmente incompatible con la lógica privatizadora de dicho Tratado para el cual el agua es una simple mercancía que se vende y se compra al mejor postor. Una simple mercancía que puede ser explotada por quién paga más, no importa si la usa para regar canchas de golf o si pone en peligro la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades. Los defensores del TLC, los del memorándum, siempre negaron estas denuncias. Dijeron que no había relación alguna entre el bloqueo de la nueva Ley de Aguas y el Tratado. Dijeron que el TLC no afectaba 'en nada' la capacidad de Costa Rica de legislar sobre el agua en la forma que quisiera. Hoy, nuevamente, quedan desenmascarados. ¿Por qué no hicieron público el texto de su nuevo proyecto de ley durante la campaña del referéndum? ¿Por qué se esperaron hasta que el TLC estuviera aprobado para decirle al pueblo lo que piensan hacer con el agua? Porque si hubieran hablado con honestidad, el pueblo habría constatado que todas nuestras denuncias eran ciertas. Costa Rica necesita una nueva Ley de Aguas. Pero una ley que garantice el acceso a este elemento vital para las futuras generaciones y respete los derechos de las comunidades. El proyecto presentado por el Gobierno contraviene frontalmente estos objetivos. Por eso, desde ya la Fracción del Frente Amplio anuncia su rotunda oposición a dicho proyecto y exige que se respete la propuesta consultada con la sociedad civil. Asimismo instamos a las organizaciones sociales de todo el país a redoblar esfuerzos en el proceso de recolección de firmas iniciado por la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA) para presentar el proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico por la vía de la iniciativa popular. ¿Quiere discutir y opinar sobre este artículo? Haga CLICK AQUI para ir al tema en nuestro foro.
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